El contexto en que se desarrolla y trabaja el Centro es de violencia estructural y muy especialmente contra las mujeres. La violencia proviene de varias fuentes, incluye la persistencia de relaciones laborales serviles y semiesclavistas, los efectos de la Guerra de Baja Intensidad (GBI); del discurso y las políticas corporativistas, poblacionistas y desarrollistas del gobierno; la violencia social, sexual y doméstica, además de la violencia simbólica interiorizada en las mismas mujeres creando una complejidad tal, que hace más intrincado el proceso de elaboración de estrategias adecuadas.
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El Plan Puebla Panamá, el ALCA, el TLC y todas las políticas y programas neoliberales del gobierno y de las instancias multilaterales que actúan a favor de las transnacionales y los países ricos resultan en una profundización de la pobreza y la desprotección en que se encuentran los colectivos y las personas, especialmente las indígenas y mestizas pobres. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunitarios (PROCEDE y PROCECOM), como ente creado para ejecutar la privatización de la tierra , renueva con su acción concreta los abusos y discriminaciones que históricamente ha sufrido Chiapas.
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Específicamente en Chiapas, y muy ligados a la imposibilidad de que las mujeres tomen decisiones, destacan estos problemas: la contra reforma agraria que implicó el vaciamiento del espíritu original del Artículo 27 Constitucional y del derecho de las mujeres a la tierra; el rezago en la vivienda; la exclusión de las mujeres de la copropiedad de los bienes familiares y de la propiedad social de la tierra; la pérdida acelerada de la autosuficiencia alimentaría.
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